Suicidio asistido legal, ahora en Hawái

Hace unos días Hawái pasó a ser el séptimo estado federado de Norteamérica que permite el suicidio médicamente asistido. Aparte de Hawái, han legalizado esta práctica médica California, Colorado, Oregón, Vermont y Washington, mientras que Montana la ha solo despenalizado. A esta lista conviene agregar el Distrito de Columbia que, sin ser un estado federado, constituye un territorio en el cual la práctica también es legal.

     Si se observa el mapamundi, se constata fácilmente que son aún un manojo los países o las regiones de algunos países que permiten alguna modalidad de la muerte médicamente asistida (suicidio o eutanasia). Sin embargo, con el paso de los años va delineándose una tendencia clara. Desde las leyes pioneras de 1998 en Oregón y de 2002 en Holanda, puede verse una lenta evolución mundial hacia la así llamada “muerte digna”.

     En una entrevista de 2006, el conocido ético alemán Ernst Tugendhat afirmaba: “En una sociedad en que la medicina en cierta manera nos condena a llegar a muy viejos, debería haber más comprensión por el que los hombres quieran terminar sus vidas autónomamente”. (Recordemos que entonces el suicidio médicamente asistido estaba tajantemente prohibido en Alemania, realidad que en parte cambió en los últimos años.)

     Hay algo inquietante en esta declaración de Tugendhat, especialmente, cuando dice que la medicina “nos condena a llegar a muy viejos”. Claro que en las democracias occidentales nadie nos obliga a llegar a octogenarios; no existe un efectivo e invisible aparato totalitario que, como en las distopías de Orwell, nos conmine a seguir vivos a pesar de la pila de años. Pero nadie desconoce que los sistemas sociales, incluso en las sociedades más abiertas, funcionan de una manera tal que luego es relativamente difícil escapar de su dinámica. Para decirlo gráficamente: nadie obliga a Juan o a María a ir al médico, pero también es cierto que ambos están sujetos a un sistema de incentivos y de coacciones, incluso informales, que hacen que por lo general terminen recurriendo a la medicina, una práctica social que ha progresado enormemente y que lo seguirá haciendo en las próximas décadas. Lo que para la generación pasada era solo producto de la fantasía, es realidad cotidiana para la de hoy; y la misma relación se dará en los años venideros. En resumidas cuentas: somos todo lo libres que queramos, pero el dato innegable es que día tras día recurrimos de a millones a los médicos para hacernos curar, para prevenir enfermedades, para aliviar los síntomas de los males incurables, y con ello vamos, sin darnos cuenta, empujando poco a poco la barrera que rotulamos “expectativa de vida”.

     No quiero que se malinterprete a Tugendhat; la suya no es una filosofía pesimista, ¡por el contrario! Lo que sí hace es abstenerse de repetir el clisé tantas veces oído según el cual todo progreso en la medicina se traduce necesariamente en una mejoría en nuestras vidas. El avance de la medicina es sin duda encomiable, pero esconde algunos aspectos que no son tan afortunados. Para decirlo sin rodeos: el envejecimiento y la proliferación de las enfermedades degenerativas como el párkinson y el alzhéimer son aspectos que la medicina solo en parte puede controlar. Nuestro objetivo ha de ser el de envejecer de la mejor manera posible: mantenernos física y mentalmente activos todo lo más posible, ir sobrellevando con entereza la merma de nuestras funciones básicas, adaptarnos inteligentemente a las nuevas circunstancias de vida y, en la medida de lo posible, tener bajo control el desarrollo de las enfermedades incurables, aliviando los síntomas. Pero el punto es que incluso en los casos ideales la realidad tarde o temprano se vuelve indomable. Son pocos quienes verdaderamente pueden envejecer lentamente y con dignidad, hasta que les sobreviene una muerte rápida e indolora.

     Es por eso que las reformas legales que se están dando en materia de fin de vida no apuntan sino a que el individuo pueda poner un punto final a un proceso que en determinado momento deviene irreversible y sumamente penoso. Para mí, el suicidio asistido no es sino una dimensión de eso que más arriba englobé como “envejecer (y morir) dignamente”. Ojalá que las generaciones futuras puedan vivir (aún) más y mejor de lo que ya vive esta generación en los países desarrollados y en las capas privilegiadas de las sociedades menos desarrolladas. Pero es innegable que entonces como ahora habrá un momento en que continuar manteniendo a toda costa la vida orgánica del paciente dejará de ser un bien para convertirse en un mal. Claro que es el individuo mismo el que debe decidir si tal es el caso y, de serlo, a partir de qué momento comienza. El suicidio asistido y la eutanasia son absolutamente voluntarios.

     Creo que es este tipo de razonamientos el que ha impulsado a los legisladores hawaianos a introducir la modalidad de fin de vida del suicidio asistido.

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Eutanasia voluntaria y demencia senil

En lo que respecta a la muerte asistida (suicidio médicamente asistido y eutanasia voluntaria), el “caso típico” es aquel en el que el paciente, ya gravemente enfermo y sin perspectivas de mejoría, solicita al médico ayuda para morir; este, tras verificar que se cumplen las condiciones establecidas por la ley, secunda al enfermo en su deseo de poner fin a su sufrimiento. Tal proceso, por lo general, dura desde un mínimo de alrededor de dos semanas hasta un máximo de un par de meses (desde el momento en el que el paciente hace pública su petición hasta que su voluntad se materializa). Ahora bien, ¿qué ocurre en lo casos en que entre la petición legítima del paciente hasta su concretización median años enteros, incluso lustros? Estos casos, que a primera vista parecerían una rareza, pueden convertirse con el tiempo en normalidad, veamos por qué.

     A medida que en los distintos países se consolide la autonomía del paciente como principio ético fundamental y se reconozca el valor legal de las directivas anticipadas, los ciudadanos en esos documentos podrán establecer su deseo de ser asistidos para morir dignamente en casos como el de llegar a un estado avanzado de demencia senil. Pongamos un ejemplo: María es una mujer de unos setenta años que goza de plenas capacidades jurídicas. Debido a una serie de antecedentes familiares y a los resultados de algunos estudios realizados por su médico, María comprende que en su caso existe una cierta probabilidad de padecer alzhéimer en los próximos años. Efectivamente, poco tiempo después comienzan a manifestarse signos claros de la enfermedad en ciernes. La paciente, aún en pleno uso de sus facultades, redacta entonces un detallado documento en el que establece, entre otras cosas, su firme deseo de que se le practique la eutanasia una vez que la senilidad llegue a sus fases finales. Aquí lo que salta a la vista es que entre la legítima expresión de su voluntad en las declaraciones anticipadas y la ejecución de la eutanasia pueden mediar años, incluso una década entera.

     Casos como estos –que, repito, aún pueden parecer una rareza pero que ya hayan comenzado a darse en Holanda, país en el que la eutanasia voluntaria es legal desde 2002– nos enfrentan ante algunas cuestiones bioéticas de relevancia, sobre todo cuando tenemos en cuenta que en las sociedades desarrolladas y también en las sociedades en desarrollo, la esperanza de vida de la población continúa incrementándose; sin embargo, lo que es celebrado como un “logro de la medicina moderna” tiene un lado problemático, ya que así también aumenta el número de personas mayores que sufren enfermedades mentales.

     Dicho de otro modo: si hoy en día quienes más recurren a la muerte asistida (no solamente en Holanda sino en los restantes países que la permiten) son los enfermos terminales de cáncer, en el futuro esta realidad puede cambiar, a medida que el envejecimiento de la población traiga consigo un incremento de enfermedades neuropsicológicas degenerativas. Para muchas personas, la perspectiva de terminar en un estado avanzado de, por ejemplo, alzhéimer es una fuente de angustia mucho más importante que la perspectiva de ser presa de enfermedades incurables y dolorosas pero que no afectan principalmente las capacidades cognitivas.

     Lo que me interesa resaltar aquí es que estos casos, aún aislados, plantean importantes cuestiones bioéticas. La primera es la que ya expuse, la que tiene que ver con la distancia temporal que se interpone entre la solicitud de ayuda a morir y el cumplimiento de esa voluntad. Insisto: en lo casos típicos que hoy nos ocupan esa distancia va desde un par de semanas hasta un par de meses, pero rara vez supera el año.

     El segundo desafío es, quizá, más grave, y se relaciona con la modalidad de la práctica eutanásica. Y este fenómeno se presenta porque entre el yo que solicita la eutanasia y el yo que muere gracias a la asistencia médica no solo se intercalan varios años, sino una importante transformación de la identidad personal. Un ejemplo seguramente puede ilustrar este aspecto.

     Si Pierre, un ciudadano belga afectado por un implacable cáncer de pulmón, requiere la eutanasia hoy y se la practican de aquí a dos meses, el yo actual de Pierre y el yo que tendrá de aquí a dos meses bien pueden ser prácticamente el mismo. Pero entre el yo de María de entonces -supongamos que haya redactado sus directivas anticipadas en 2008 cuando el alzhéimer aún no se había manifestado- y su yo actual, diez años después, media no solamente mucho tiempo sino un cambio esencial de su identidad. El yo de María de 2008 podía ser el yo de una persona totalmente identificable con cualquiera de nosotros (yo que escribo, ustedes que leen), pero no es el caso de su yo de 2018: debido al estado avanzado de la enfermedad, imaginemos que ahora no logra reconocer ni siquiera a sus hijos o su esposo, necesita ser alimentada, etc. Y así llegamos a la cuestión de la modalidad que indicaba arriba: ¿cómo concretamente ha de practicarse la eutanasia cuando el paciente ya no está en grado de colaborar? Si el director del geriátrico holandés donde se encuentra María le formula la pregunta: “¿Cree que ya es hora de que le practiquemos la eutanasia tal como lo manifestó clara y repetidamente en sus declaraciones anticipadas diez años atrás?”, es sumamente probable que la paciente no esté en grado de responder. ¿Quién decide entonces cuándo ha llegado la hora? ¿Y cómo proceder? ¿Por ejemplo mezclándole primeramente un somnífero potente en la compota sin que se dé cuenta para luego inyectarle el fármaco letal?

     Mi posición al respecto es que estas nuevas realidades no hacen más que mostrar la importancia no solo de las directivas anticipadas sino de la correcta redacción de estas. Y lo que digo no es ninguna obviedad: un país como Italia recién ha reconocido el valor legal de las directivas hace un par de meses, y lejos se encuentra de legalizar siquiera el suicidio asistido.

     En los casos como los de María, las directivas anticipadas no solo deben expresar claramente el deseo de que se practique la eutanasia en casos de demencia avanzada, sino que deben incluir escenarios posibles. Por ejemplo, deben señalar posibles “detonantes” que indiquen cuándo ha llegado la hora de la eutanasia (establecer, por caso: “cuando, por el grado avanzado de deterioro cognitivo ya no sea capaz de alimentarme yo misma”, “cuando el tutor que he designado considere que ya ha llegado el momento”, etc.) y qué modalidad ha de seguirse (contemplar la posibilidad en el documento que se use alguna astucia como la del tranquilizante en la compota).

     Que quede claro lo siguiente: como sociedad tenemos el deber de acompañar a nuestros ancianos y de atenderlos adecuadamente, procurando que estén bien y sean felices incluso si sufren demencia. Pero hay personas que consideran que ese no es el futuro que desean para ellas mismas. Estas pueden pensar que la senilidad es un estado degradante que quieren evitar a toda costa, por contradecir la imagen que tienen de sí mismas y que quieren dejar a los demás (por ejemplo, la imagen de una persona activa, independiente, emprendedora, etc.). Por ello: si como sociedad tenemos el deber de socorrer a todos los miembros vulnerables, también tenemos la obligación de respetar a todos aquellos individuos que quieran hacer uso de su derecho a la autodeterminación. El así llamado “suicidio preventivo” o la “eutanasia preventiva”, esto es, terminar ahora que uno está lúcido con la vida, antes de que comience a actuar una enfermedad como el alzhéimer, no son propuestas viables. Desde el punto de vista ético considero más sólida la propuesta de reformar nuestra concepción de la práctica eutanásica y de las directivas anticipadas, para que la muerte asistida pueda practicarse sin problemas más adelante, como en el caso de María.

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El debate sobre el aborto en Argentina (7)

Hasta ahora he hablado del aborto “en general”, sin detenerme en una posible tipología. Pero todos sabemos que hay distintos tipos de aborto que en una discusión pormenorizada conviene distinguir. Y no me detuve en clasificaciones por esto de que a veces, como dice el refrán, “los árboles no dejan ver el bosque”. De hecho, creo que los argumentos a favor del aborto (o las críticas a los argumentos en contra) recorren transversalmente todos estos tipos de interrupción del embarazo. Por ejemplo, si fuese atendible (que, reitero, desde una posición naturalista como la mía creo no lo es) la afirmación según la cual la persona humana comienza en el momento mismo de la concepción, entonces esto valdría absolutamente: no importaría si, por ejemplo, la mujer ha quedado embarazada por un descuido o por una violación.

(a) En primer lugar, agrupemos todos los casos en que la embarazada no es (o no es aún) una persona que goce de todos sus derechos civiles y capacidades. Aquí entran especialmente las niñas y las adolescentes que, por ejemplo, tras un acto de violencia (o no) han quedado encintas, además de aquellas mujeres con discapacidad mental. Es evidente que aquí los padres o, dado el caso, los mentores deberán participar en la decisión sobre qué hacer, en lo posible teniendo en especial consideración el parecer de las implicadas. Aquí el punto es que estas embarazadas no podrán luego (debido a la edad y/o a la incapacidad mental) ejercer la maternidad de un modo correcto.

(b) En segundo lugar, están todos los casos en que el embarazo es fruto de una violación, independientemente de la edad y la condición mental de la afectada. El hecho de haber sido víctima de una grave violencia sexual, sumado a circunstancias como por ejemplo que el padre puede haber sido un maleante que se dio luego a la fuga y nunca más logró ser identificado, hacen comprensible el rechazo de la mujer al embarazo.

(c) En tercer lugar, entran todos aquellos casos en los que el aborto aparece como una forma (extrema) de planificación familiar. Una mujer puede entender que no desea un hijo (o no desea otro hijo) por motivos económicos o personales. Aquí se supone que la mujer es adulta, jurídicamente capaz y que no ha sido víctima de violencia sexual (el embarazo puede haberse debido a un descuido, a una falla en los métodos anticonceptivos usados, etc.).

(d) En cuarto lugar aparecen los casos de abortos debido a ciertas anomalías y deformaciones ya identificables con certeza en las primeras semanas del feto. A diferencia de los tipos a, b y c apenas expuestos, aquí puede tratarse de una pareja que quiere tener un hijo o que quiere tener otro hijo, pero que decide abortar debido a que con certeza o con gran posibilidad el hijo nacería con severas malformaciones físicas y/o mentales. Tras el aborto, muchas de estas parejas podrán volver a desear un nuevo embarazo con la esperanza de que esta vez el bebé nacerá física y mentalmente sano.

     Me interesa señalar que lo que debe estar en el centro del debate es la autonomía de la mujer. Permítanme expresarlo de esta manera: así como una mujer no puede ser obligada a realizar un aborto si no lo desea, del mismo modo no puede ser impedida de hacerlo en el caso que sí quiera interrumpir su embarazo. Estar a favor de la legalización del aborto no implica automáticamente aconsejar esta alternativa en cualquiera de los tipos bosquejados más arriba. Si una mujer o una pareja prefiere continuar con el embarazo a pesar de que el feto muestra ya una malformación cardíaca difícil de curar o que hay indicios claros de trisomía, están en su derecho hacerlo.

     El hecho de haber puesto en el centro del debate ético a la autonomía de la mujer me da pie para hacer una aclaración adicional. Ya expuse por qué rechazo el uso monopólico que hacen los opositores al aborto de la expresión “estar a favor de la vida”. Yo estoy a favor de la legalización y me siento totalmente defensor de la vida humana. Ahora quisiera señalar por qué considero inadecuada la expresión que se le da al bando enfrentado, la de “estar a favor de la elección”. El punto es que destacar la autonomía de la mujer no significa que esta pueda hacer “lo que se le cante” con su cuerpo. En ningún caso la autonomía de la mujer –ni la del hombre– implica que toda otra consideración moral ha quedar sin efecto. La autonomía, a mi entender, es el primer principio moral, pero no el único, de manera que hay momentos en que el ejercicio de mi autonomía ha de ser limitado.

     Por esta razón no estoy de acuerdo con un argumento expuesto muchas veces por algunas feministas, según la cual la mujer ha de poder hacer un uso irrestricto de su cuerpo. No quiero que se me malinterprete: claro que la mujer puede decidir interrumpir el embarazo por alguno de los motivos ya señalados, pero me parece una formulación incorrecta el decir que mujeres u hombres, aquí da lo mismo, podemos usar nuestro cuerpo de modo caprichoso, sin tener en cuenta las consecuencias que eso puede tener para nosotros mismos, para las otras personas y para los demás seres que no son personas.

     Supongamos un caso extremo. Estoy de viaje con una delegación de bioéticos por lugares remotos. De golpe, el vehículo en que viajamos choca y a causa del accidente el chofer (el único afectado) necesita urgentemente una transfusión de sangre. En aquellas lejanías encontramos una clínica que puede llevar a cabo esta práctica. Curiosamente, vemos que el único que tiene sangre compatible con la del chofer soy yo, pero invocando mi autonomía me niego a darle siquiera un litro de sangre. ¿Actúo correctamente? Los términos son claros: solo debo donar un litro, lo que no afectará prácticamente en nada mi salud; esa sangre podrá salvarle la vida al chofer hasta que llegue una ambulancia de la capital. ¿Puedo decir simplemente no por el hecho de que no tengo ganas de que me saquen sangre?

     La conclusión es que el principio de autonomía vale prima facie, hasta que no surjan otros principios que impliquen un cierto reajuste. Por eso digo que la mujer ha de poder abortar cuando existan razones como las expuestas, no porque “de buenas a primeras” se le ocurre hacer cualquier cosa con su cuerpo. El embrión, insisto, no es una persona pero exige un mínimo de consideración.

     (Como se ve, estoy a favor de la legalización del aborto pero me considero muy “pro life” y pongo reparos a una aplicación irrestricta del “pro choice”.)

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El debate sobre el aborto en Argentina (6)

En esta entrada voy a examinar el último argumento que generalmente se presenta contra el aborto, el así llamado “argumento de la pendiente resbaladiza”. (Esta expresión está tomada del inglés, slippery-slope argument.) El razonamiento aquí puede resumirse como sigue: “Dejemos por un momento la discusión acerca de si la interrupción voluntaria del embarazo es una práctica en sí misma moralmente errónea o no. Supongamos incluso que en tal o cual caso pueda no serlo. Sin embargo, lo cierto es que si se despenalizara el aborto y si se lo comenzase a practicar asiduamente, ello provocaría una erosión tal de nuestra sensibilidad ética y un relajamiento tan grande de nuestra disciplina moral, que nuestra sociedad pronto terminaría descarriándose y aceptando todo tipo de prácticas moralmente abominables, como los campos de concentración, el infanticidio, la tortura, la eutanasia forzada, etc. Por lo tanto, si queremos que ello no ocurra, si nuestro deseo más firme es que la sociedad no se degrade completamente, entonces no debemos permitir que ocurra ningún desliz más. Legalizar el aborto implicará acercarse peligrosamente al precipicio moral. Una vez que se sobrepasan ciertos límites morales, la situación se vuelve incontrolable y la caída es la consecuencia inevitable.”

      Una aclaración: en alemán se conoce a este tipo razonamiento ético también con el nombre de Dammbruchargument, esto es, el “argumento de la ruptura del dique”. La imagen es aquí igualmente clara: transgredir un límite moral, como por ejemplo permitir el aborto, es equiparable a hacer –o a permitir que se haga– una fisura en el muro de contención de un lago. Una sola rajadura en un dique, por insignificante que pueda parecernos, muchas veces basta para que toda la pared ceda a la presión del agua y esta se desborde, con consecuencias trágicas.

      Hay varias cosas que me gustaría aclarar aquí. En primer lugar, el argumento de la pendiente resbaladiza ha perdido fuerza tras revelarse una alarma exagerada. De hecho, creo que no posee la relevancia que tenía en la década de 1960 y 1970, cuando empezada a legalizarse el aborto en algunas sociedades pioneras (la Abortion Act británica es de 1967). Hoy en día contamos con una prueba irrefutable: en las sociedades occidentales que han legalizado la interrupción voluntaria del embarazo no se han dado los escenarios apocalípticos que preveían los sectores conservadores. Por ejemplo, tras la introducción del aborto sociedades tan diferentes entre sí como la inglesa, la alemana o la española no se han desbarrancado en una pendiente escabrosa ni ha reventado el muro de contención moral de sus ciudadanos. Si en estas sociedades puede hablarse de la tan mentada “crisis de valores”, es en todo caso por otras causas. (Y, por cierto, si vamos a hablar de crisis de valores, no veo por qué no incluir a sociedades que aún condenan el aborto voluntario, como la Argentina. ¿Acaso somos los argentinos moralmente más meritorios que los españoles o los alemanes por el hecho de no haber legalizado el aborto?)

      En segundo lugar, es comprensible que todo cambio social, cultural y moral despierte entusiasmo en algunos, pero resquemores en otros. Lo que unos festejan como “progreso”, representa una amenaza para el resto. Y es natural cierto temor ante lo desconocido y nuevo. Sin embargo, el punto es que el argumento de la pendiente resbaladiza ha sido y sigue usándose por muchos intelectuales conservadores con el fin de oponerse ciega y tajantemente a toda transformación social, sin que luego, lo subrayo una vez más, aparezcan las consecuencias tan temidas.

      Me acuerdo, por ejemplo, del debate en torno al divorcio. Yo estaba entonces terminando la escuela primaria y recuerdo aún los escenarios apocalípticos que vaticinaban los opositores. Finalmente en 1987, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, se aprobó la ley 23.511 que permitía que las parejas se divorciaran… ni ese año, ni los siguientes sobrevino la catástrofe social que se anunciaba. Por cierto: si hay una “crisis de la familia” en Argentina, ello no de debe a esa ley, que lo único que hizo fue terminar normalizando la situación de muchas parejas que ya de hecho vivían separadas o que incluso habían formado nuevos hogares. Otro tanto podría decirse de la introducción de la ley de matrimonio igualitario, en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

      En este contexto, quisiera citar una observación de Govert den Hartogh, un estudioso del tema, que concluye un artículo titulado justamente “El argumento de la pendiente resbaladiza” de este modo:

“En general, las predicciones de desliz en la pendiente no están avaladas por ninguna prueba; sin embargo, se las presenta como verdades y se decide así la cuestión en favor de la posición que refleja el statu quo.”

     Esto no implica –y con ello paso al tercer aspecto que quería comentar– que no deba actuarse con prudencia a la hora de legalizar el aborto. De hecho, esa es la razón por la que tiendo a no usar el término despenalización, porque más que despenalizar una práctica como el aborto, lo que debemos hacer es legalizarla, esto es, establecer un marco legal claro y preciso que indique cómo han de realizarse los actos en cuestión. Debemos contar con una ley que fije bajo qué condiciones puede realizarse y bajo qué condiciones no puede realizarse el aborto y cuáles serán las modalidades a seguir. Despenalizar significa simplemente que ni la mujer que decide abortar ni el médico que lleva a cabo ese acto podrán ser luego imputados. Pero lo que importa aquí es no solamente reformar el código penal, sino ofrecer una ley clara, moderna y amplia que determine cómo habrá de procederse y cuáles serán las sanciones para quienes no respeten las nuevas condiciones fijadas; esa ley, además, habrá de promover la creación de instituciones de control y supervisión para el buen desempeño de la nueva práctica.

     Concluyo con una última observación. La relevancia de los argumentos de corte consecuencialista no se manifiesta tanto en las posiciones contra el aborto sino, por el contrario, en las de sus defensores. En efecto, existen varios motivos para pensar que la legalización del aborto en Argentina (y en muchos otros países) tendría una incidencia positiva, contribuyendo sobre todo a reducir el número de mujeres que mueren por causa de un aborto clandestino mal hecho o que contraen infecciones o quedan directamente estériles por la mala praxis. Incluso cuando debamos tomarlas con pinzas, me interesa dar algunas cifras que me manejan en los medios. Supongamos que la cifra de abortos ilegales por año en nuestro país asciende, como se dice, a unos 450.000. Tal vez podamos dudar de la corrección de este número, pero lo que nadie discute son las 60.000 internaciones que hay cada año de mujeres que han sufrido un aborto mal hecho. Por otro lado, según números del Ministerio de Salud, de las 245 mujeres embarazadas que murieron en 2016, 43 casos se debieron a abortos practicados clandestinamente, con lo cual esta pasa a ser la principal causa de mortalidad materna en nuestro país. Repito: en espera de nuevos estudios, tomo todas estas cifras cum grano salis. Pero aunque las nuevas estadísticas no sean tan elocuentes, no creo que nuestra realidad vaya a diferir mucho de la de otros países “en vías de desarrollo”, y menos aún de la de los países más pobres del mundo. Margaret Pabst Battin, una renombrada bioética, afirma:

“Entre setenta y ochenta mil mujeres, casi todas pobres y/o residentes en los países pobres o de países donde el aborto es ilegal, mueren cada año a causa de abortos mal realizados”.

     Si lo que realmente nos interesa es proteger la vida, entonces hay buenas razones para legalizar el aborto.

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El debate sobre el aborto en Argentina (5)

Siguiendo el plan que al inicio me tracé para estas entradas, hoy voy a decir unas palabras acerca del primer argumento consecuencialista contra el aborto. Concisamente, el razonamiento es este: “Más allá de discutir si el aborto es un acto moralmente lícito (en relación tanto con la madre o con ambos padres que han tomado la decisión de abortar, como con el personal médico que ejecuta el acto), debemos entender que esta práctica es absolutamente evitable. Si desarrolláramos una serie de políticas públicas, entre ellas, la educación sexual de los niños y adolescentes, la puesta a disposición gratuita de los diversos métodos anticonceptivos, la agilización de los trámites para dar y tomar en adopción a recién nacidos, etc., entonces la necesidad de interrumpir el embarazo se reduciría prácticamente a cero. Evitar a toda costa que se produzcan embarazos indeseados o riesgosos y, eventualmente, eliminar sus consecuencias negativas (con la adopción, la ayuda financiera a las solteras, etc.), es la manera de acabar de raíz con el problema, sin las complicaciones morales y psicológicas que, querámoslo o no, siempre plantea el aborto.”

     Mi posición al respecto consta de dos partes. Por un lado, estoy totalmente de acuerdo con promover todas esas políticas citadas (y muchas más) tendentes a reducir a un mínimo los casos de embarazos no deseados. Mucho podemos y debemos hacer, como Estado a través de los ministerios, pero también como sociedad civil a través de organizaciones dedicadas a mejorar el bienestar de los niños, los adolescentes y las mujeres, con el objetivo de que cada año deje de haber miles y miles de mujeres solteras o casadas enfrentadas al trágico dilema de abortar o continuar con un embarazo que les causa serios problemas. Pero, por otro lado, creo que todas estas medidas, incluso en el mejor de los escenarios imaginables, no terminan por anular los casos en que es necesario recurrir al aborto. Y aquí está demás presentar pruebas rebuscadas; basta solo tener presente que las sociedades más desarrolladas del mundo, como los países del centro y norte de Europa, han legalizado el aborto y continúan practicándolo. Ni siquiera en los países escandinavos la interrupción del embarazo ha desaparecido, a pesar de las políticas públicas de sanidad que han puesto en marcha desde hace décadas, políticas que nosotros como argentinos deberíamos estudiar con cuidados y tratar de implementar en nuestro medio.

     Mi conclusión es, así, que una cosa no quita la otra. Más aún, es justamente al revés: lo uno debe venir de la mano de lo otro. Una mejora sustancial de la amplitud y la eficacia de las políticas públicas centradas en la educación sexual, por ejemplo, ha de acompañarse de la legalización del aborto. Ya dije que el aborto no es la solución mágica para todos los problemas; antes bien, incluso una vez legalizado, las mujeres (solas o con sus parejas) deberán considerarlo el último recurso, una vez que se han examinado las alternativas disponibles. Pero esa ultima ratio, esa alternativa final, esa “salida de emergencia”, debe estar disponible.

     Platón en su República afirma que los médicos y los abogados son prescindibles y que en su ciudad ideal no habrá ninguno de ellos. El filósofo razona de esta manera: si todos cuidáramos de nuestro cuerpo y de nuestra alma, si todos, por ejemplo, comiéramos la cantidad adecuada, si bebiéramos con moderación, si ejercitáramos regularmente nuestros músculos, etc., entonces desaparecerían la mayoría de las enfermedades (si no todas). Igualmente, si cada uno lograra contener sus emociones y poner coto a sus ambiciones desmedidas, si los ciudadanos supiesen dialogar racionalmente entre ellos, entonces no habría necesidad de abogados, porque el número de litigios mermaría hasta casi desaparecer. (“Pero qué mayor prueba podrías tener de una educación pública viciosa y baja, que la necesidad de médicos y jueces eminentes, no sólo para la gente vil y los trabajadores manuales, sino para los que presumen de haber recibido una educación de formas liberales?”, República, 405a) Sin embargo, los lectores de Platón no podemos sino sonreír ante estos razonamientos. ¡Ojalá así fuera!, nos decimos. Porque lo cierto es que Platón es utópico, y si bien las utopías tienen un grandísimo valor en tanto orientan nuestro actuar, no podemos diseñar nuestras instituciones y nuestras políticas públicas habiendo perdido el contacto con la realidad. Pensar que podemos reducir a cero el número de abortos gracias a una serie de medidas sanitarias es una utopía: como toda utopía, nos señala un camino a seguir, pero no puede resolver los problemas acuciantes que se nos presentan aquí y ahora.

     En los medios se maneja la cifra de unos 500.000 abortos (clandestinos) por año en la Argentina. Ese número es, tal vez, demasiado alto. Faltan datos confiables. Pero supongamos que solo se dé la mitad de lo que ese número indica –lo que ya sería, mire como se la mire, una cifra preocupante–. De esos digamos 250 mil abortos, ¿cuántos se deben a mujeres que están por debajo de la línea de la pobreza, sin contar con los medios necesarios para cuidarse? Y si a esto le agregamos el dato que tanto se ha manejado tras el triunfo de Cambiemos el octubre pasado, según el cual la pobreza en Argentina ronda el 30 por ciento de la población, entonces se vuelve evidente que ninguna política sanitaria va a poder siquiera disminuir significativamente el número de embarazos no deseados en el corto plazo. Si el gobierno lograra reducir la pobreza en un tercio, eso ya sería todo un logro histórico… Pero y mientras tanto, ¿qué hace esa adolescente que ha quedado embarazada, sabiendo que tener el hijo la hundirá aún más en la miseria?

     Una palabra final. Yo puedo entender que la iglesia católica y otras iglesias cristianas estén en contra del aborto. Para ellas la persona humana comienza con la fecundación del óvulo y de ese dogma no van a moverse. Lo que no entiendo es que no promuevan, con decisión y valor, todas las otras medidas alternativas que mencionábamos. El que por ejemplo se condene el uso del preservativo es algo sin nombre. Decir que el principal método anticonceptivo para los no casados es la abstinencia y que, dado el caso, hay que aceptar todos los hijos que el Altísimo mande, es francamente retrógrado. ¡Ese no puede ser el mensaje de las iglesias cristianas para el siglo XXI!

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El debate sobre el aborto en Argentina (4)

El segundo argumento de corte deontológico que generalmente se presenta contra el aborto puede resumirse de esta manera: esta práctica (la del aborto) infringe los dos principios milenarios que rigen la labor médica, a saber, el principio de beneficencia (bonum facere) y el de no maleficencia (primum nil facere). El deber del médico es, en otras palabras, el de contribuir en lo posible a la salud y al prolongamiento de toda vida humana, absteniéndose de realizar actos que puedan, o bien dañar la vida (como el envenenamiento de un paciente), o bien acabar con ella (el aborto y la eutanasia). En consecuencia, permitir el aborto es convertir al médico en un asesino, en alguien que termina una vida humana; eso contraviene la misión primera de la medicina.

     Antes de comenzar a analizar este argumento, quiero dejar en claro dos aspectos. En primer lugar, considero necesario que los médicos rijan su práctica por principios éticos sólidos. Esto lo aclaro porque a veces el debate lleva a tergiversar los tantos. Permitir, despenalizar y legalizar una determinada práctica médica, en este caso la del aborto, no significa tirar por la borda la ética médica. Significa simplemente reformar un aspecto puntual del código deontológico médico y del código penal del país, basándose en el hecho de que, para una parte importante de la comunidad, esa prohibición carece de un fundamento sólido. Es lisa y llanamente de mala fe el presentar el reformismo como si fuera un “viva la Pepa” legal.

     En segundo lugar, pienso que los principios de beneficencia y de no maleficencia han sido, son y seguirán siendo dos principios rectores de la medicina. El punto está en que, de por sí, son totalmente vagos y generales. Por ejemplo, ¿qué es, concretamente, hacer el bien? ¿quién ha determinado que x sea hacer el bien, mientras no y? En otras palabras: ambos principios son legítimos pero necesitan ser llenados de contenido. Y ese contenido es, en la mayoría de los casos, un conjunto de valores y de normas tradicionales, muchas veces atávicos. Por ejemplo, si pregunto: “¿Qué es hacer el bien?”, tal vez muchos médicos me respondan: “Pues… ¡lo que establece el juramento hipocrático!” Con lo cual mi siguiente pregunta será: “¿Y por qué debemos atarnos a un texto redactado hace más de dos mil años, por una de las escuelas médicas de su época –había otras escuelas médicas que diferían ampliamente de los hipocráticos–, sobre todo hoy, cuando los cambios tecnológicos, sociales y culturales del último siglo nos instan a buscar nuevos códigos de conducta?”

     Creo que a este punto mi posición salta a la vista: hacer el bien, evitar el mal, ¡sí, señor!, pero tanto el concepto de bien como el de mal reciben en cada época y en cada cultura definiciones y especificaciones cambiantes. La tarea del pensamiento crítico es analizar qué aspectos tradicionales hemos heredado en nuestros conceptos de bien y mal, cuáles de esos aspectos conviene que mantengamos y cuáles, en cambio, no.

     Así, interrumpir un embarazo no deseado, cuando se ha tomado esa decisión de manera informada y reflexiva, es en mi opinión hacer el bien. Para poner un ejemplo concreto en alusión a uno de los temas de fondo del debate argentino: si una joven de clase baja queda embarazada y no quiere tener ese hijo (tal vez porque no sabe bien quién fue el padre, o porque ni el padre ni ella –incluso juntos– tienen los medios para mantenerlo, o porque están haciendo de todo por mantener a los dos, tres o cuatro hijos que ya han tenido, etc.), entonces me parece evidente que abortar es en este caso hacer el bien.

     Afirmar ciegamente que el deber de la medicina es conservar cueste lo que cueste toda vida humana, independientemente de en qué estadio se encuentre y qué pronóstico tenga, me parece extremo. Insisto: como principio rector creo que funciona en la mayoría de los casos y que por eso ha de regir el día a día del médico. Pero eso no impide aceptar excepciones. Los que han leído otras entradas de este blog saben que una de esas instancias excepcionales es para mí la constituida por el paciente terminal. Por eso estoy a favor de la eutanasia voluntaria y del suicidio médicamente asistido. Otra es la de un embarazo no deseado.

     Nuestro mundo posee dos características que no había en épocas pasadas: la sobrepoblación y la complejidad. Hoy vivimos en un mundo sobrepoblado, en el cual, además, llevar una “vida buena”, llevar una vida “con calidad”, se ha vuelto algo complejo. Ya nadie se conforma (y con razón) con tener simplemente un techo y un pedazo de pan. Por eso, en este contexto, la fórmula atávica que rezaba: “tantos hijos como Dios nos envíe”, es perniciosa. Con siete mil seiscientos millones de personas en todos los rincones del planeta, ya no corremos riesgo de que nuestra especie esté subrepresentada. Además, hoy nadie puede considerar (sin cinismo) que una vida humana pueda ser buena si no ha contado por el acceso a recursos como la educación, la salud, el trabajo, el esparcimiento, etc. De allí que hoy nuestro lema debería ser más bien: “Pocos, pero buenos”. Mejor tener pocos hijos, pero poder brindarles aquello que hoy es esencial que se le brinde a un hijo.

     En síntesis: en una época como la nuestra, la práctica del aborto, si se realiza de manera reflexiva, no es algo que contravenga los deberes médicos ni vaya en contra de la misión que ha impulsado desde sus orígenes a la medicina. Es necesario una apertura de los colegios médicos argentinos y una reforma legal, que permitan que el médico, dado el caso, puede interrumpir un embarazo en su primer estadio. Las sociedades que han legalizado este tipo de práctica muestran que con ello no se hace añicos el edificio de la moral médica. Por el contrario, sale fortalecido, porque –nos guste o no– el aborto es de hecho una práctica frecuente en Argentina; mucho se discute la cifra manejada por los medios, que llega a los 500.000 casos por año. Incluso cuando estos números hayan sido inflados, todos sabemos que ricas y pobres, adolescentes y cuarentonas recurren al aborto. Legalizar esta práctica no solo no mellará la sensibilidad moral de los médicos del país, sino que eliminará la hipocresía y la ilegalidad.

     Cierro con un último punto. Estoy totalmente a favor de que si un médico, por motivos religiosos o éticos, por ejemplo, por ser un católico practicante, no quiere abortar, nadie puede obligarlo a hacerlo. Cada profesional de la salud (ya que lo mismo vale para, por ejemplo, los enfermeros) ha de contar con el derecho a la objeción de conciencia. Ahora bien, si se legaliza el aborto en nuestro país, la ley deberá prever que esta práctica pueda ofrecerse en todo el territorio nacional. Ningún médico o enfermero, insisto, puede ser obligado a realizar un aborto si eso está contra sus convicciones; pero las pacientes tendrán un derecho, y las principales estructuras sanitarias tendrán así la obligación de cubrir ese servicio. De manera que habrá que evitar casos como el que podría darse en algún hospital rural en el que todos los médicos que allí ejerzan formulen una objeción de conciencia, dejando a las mujeres de la zona sin posibilidad de interrumpir el embarazo.

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El debate sobre el aborto en Argentina (3)

Retomo brevemente algunas ideas que expuse en la entrada anterior para redondear así mi crítica al primer argumento contra el aborto.

     En primer lugar, ser defensor de la vida, considerar incluso la vida como algo sagrado y luchar por una vida digna para todas las personas que habitan este mundo, no es necesariamente incompatible con estar a favor de la legalización del aborto. El aborto, practicado responsablemente, es un recurso para que no venga al mundo alguien que no podrá tener el tipo de vida que deseamos para toda persona. La religiosidad y la moralidad no deben significar el que se continúen adoptando formas de vida y de pensamiento atávicos. Se puede ser una persona religiosa e íntegra, y a la vez aspirar a la conducción de la propia vida y del destino social de modo racional. ¡Religión sin oscurantismo, sobre todo cuando ese oscurantismo tiene consecuencias abominables!

     En segundo lugar, una cosa es la vida humana y otra es la persona. La vida humana comienza en el momento de la concepción. El inicio de la personalidad, en cambio, depende de la visión del mundo que se adopte. Desde el punto de vista naturalista al que adhiero –el naturalismo es una filosofía compartida por muchos científicos y filósofos– lo más lógico parece establecer el inicio de la persona alrededor de los tres meses de embarazo, esto es, cuando en el feto comienzan a desarrollarse los distintos órganos, entre ellos el sistema nervioso. La iglesia católica ha fijado el inicio de la persona en el momento mismo de la concepción, pero esta definición es arbitraria. E insisto en que es arbitraria, entre otras cosas, porque es reciente. Para el teólogo Santo Tomás de Aquino, el feto recibía el alma que lo convertía en persona recién a los cuarenta días después de la concepción, si era de sexo masculino, y a los noventa, si de sexo femenino. Esta influyente doctrina fue abandonada tan solo en 1869, durante el pontificado de Pío IX. Lamentablemente, el actual papa Francisco I ha desilusionado a muchos católicos y no católicos, al no emprender las reformas teológicas que tanto necesitaría la Iglesia. Si el papa es incapaz de dejar sin efecto la disposición absolutamente arbitraria según la cual los sacerdotes deben ser célibes –una medida que sería aplaudida por todo el mundo, especialmente tras los reiterados casos de pedofilia–, ¡cuánto menos puede esperarse de una apertura en cuestiones que hacen a la bioética!

     En este contexto, quiero señalar también un hecho que se olvida con demasiada frecuencia en los debates. De todos los embarazos en los primeros estadios, solo un tercio llega a buen puerto. Para decirlo inversamente: dos tercios de todos los óvulos fecundados naturalmente se pierden en abortos espontáneos. Es mucho más difícil de lo que normalmente se sospecha que el óvulo, una vez fecundado, se implante naturalmente y comience a desarrollarse sin problemas en el útero materno. Si realmente creyéramos que el óvulo fecundado es ya una persona, cada año deberíamos lamentar la pérdida catastrófica de millones y millones de prójimos.

     Pero en el fondo, más que naturalista yo soy un liberal, alguien que trata de hacer suyos los principios rectores del liberalismo político. Por eso, en última instancia, no me preocupa qué piense tal o cual persona. Si los miembros de esta o aquella religión quieren seguir pensando que la personalidad comienza desde el mismo momento de la concepción, bueno, han de hacerlo. Reconozco que algunos –que muchos– pueden creer sinceramente en esa afirmación. Pero todos debemos concordar en que eso no es algo evidente para cada uno de los ciudadanos, especialmente para quienes tienen una postura más laxa con los dogmas de su religión, y más aún para quienes pertenecen a otras confesiones o a ninguna. Frente a la pluralidad de maneras de pensar, de sentir y de vivir, frente al “hecho del pluralismo” (John Rawls), la principal virtud cívica se vuelve la tolerancia. No estaré de acurdo con lo que piensa mi vecino ni me gustará lo que hace, pero él podrá decir lo mismo. Frente a esto, la única salida civilizada es una: ser tolerante. Y ser tolerante es asimismo entender el Estado no puede usar la fuerza para imponer una forma de vida al resto de los ciudadanos. Claro que hay límites a la tolerancia, claro que hay formas de vida que van más allá de lo razonable. Pero a esta altura del siglo XXI es indudable que el momento preciso del inicio de la persona (sobre todo en la franja que se extiende hasta los tres meses de embarazo) es algo sobre lo que podemos disentir razonablemente. Por eso en esta materia las leyes de nuestro país deben ser lo más neutro posible.

     Creo que estas consideraciones dejan sin efecto lo que estipula el primer argumento contra el aborto. En la próxima entrada voy a examinar críticamente en el segundo argumento, aquel que concluye que el aborto debe seguir prohibiéndose por ser una práctica que contraviene la misión de la medicina y los principios que han de regir el ejercicio del médico y de los restantes profesionales de la salud.

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