El no del Senado argentino a la legalización del aborto: reflexiones

El Senado argentino ha rechazado hoy el proyecto de ley que buscaba legalizar el aborto en nuestro país. En realidad, la noticia no sorprendió a nadie, ya que el bloque de senadores que se oponía al proyecto contaba desde hace unas semanas con una cómoda mayoría. Por cierto, quienes pujábamos por la legalización no perdíamos la esperanza de que pudiera darse algún cambio de último momento, tal como había sucedido en la cámara de diputados.

Por un lado, la noticia es desalentadora. Y es desalentadora porque el rechazo significa que en nuestra sociedad las cosas seguirán desenvolviéndose como hasta ahora. Concretamente: esto significa que seguirá practicándose el aborto clandestinamente y en nada menos que en una cifra que oscilará, según la tendencia, entre las 370.000 y las 522.000 mujeres. También significa que de esos abortos clandestinos, muchos no serán practicados ni por personal sanitario competente ni con los medios adecuados; en consecuencia, un número que ronda las 60.000 mujeres en edad reproductiva deberá ser hospitalizado a causa de una mala praxis. Asimismo, una cifra de aproximadamente 250 mujeres terminará falleciendo por esta causa, con lo cual continuará siendo ésta la principal causa de mortalidad materna en Argentina… (¡Pero esto qué le importa a muchos senadores que votaron por el no, si ellos cuentan con los medios suficientes para que sus hijas o sus nietas reciban un tratamiento excelente en clínicas privadas del extranjero en caso de que “metan la pata”!)

Pero por otro lado, es posible hacer una lectura algo más reconfortante de lo ocurrido en el Congreso argentino en el último semestre. Al fin y al cabo, el tema fue tratado ampliamente por ambas cámaras y generó una increíble movilización de la sociedad civil. Durante los 12 años del gobierno del matrimonio Kirchner, el tema fue excluido del debate parlamentario, algo que contrastaba con la retórica progresista de esa corriente del peronismo. Ahora el tema se instaló definitivamente en la opinión pública, sin tapujos. Es probable que el proyecto vuelva a presentarse el próximo año en ambas cámaras, aunque probablemente el resultado final de la votación sea muy parecido. Recién en 2020, cuando se recambien los legisladores, habrá una chance de que la balanza se incline por el sí y se apruebe finalmente la ley. En democracia hay que saber perder y, al mismo tiempo, hay que ser perseverante. ¡Jamás darse por vencido! (Tal vez resulte ser cierto eso de que “la tercera es la vencida”…)

Mientras tanto, podría suceder que se despenalice el aborto, ya que paralelamente se discute la reforma del Código Penal. La despenalización, no obstante, no va a resolver las cosas, sobre todo porque no se habla de una despenalización total del aborto, sino solo de una parcial, esto es, que la mujer que aborta no sea después condenada. Pero esa medida no protegerá ni al médico, ni al farmacéutico, ni tampoco a las clínicas en que pueda practicarse el aborto. Así que todo seguirá “a media luz”, como dice el tango. ¿Qué médico, de su puño y letra, va a querer recetar mifepristona y misoprostol? ¿Qué farmacéutico va a querer venderlos a la luz del día? ¿Qué clínica va a ofrecer otras alternativas como la aspiración o el raspaje?

Y mientras tanto, mientras llega el 2019 o, mejor, el 2020, ¿qué hacer? Mucho, hay mucho por hacer. Yo creo que el lema de la Campaña Nacional es atinado: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”. En efecto, podemos empezar por la educación sexual. Allí hay un déficit enorme, porque ni siquiera las escuelas públicas de las zonas más progresistas de las grandes ciudades ofrecen la información adecuada en calidad y cantidad a los preadolescentes y los adolescentes. No está de más repetir que los embarazos indeseados son la principal causa de que las mujeres, muchas de ellas jovencísimas, busquen el aborto. Si nuestras y nuestros adolescentes y jóvenes recibieran una cabal educación sexual, estoy seguro de que muchos de esos embarazos se evitarían. Sobre todo cuando a la educación se agrega el segundo pilar: el de disponer de los métodos anticonceptivos. Toda persona en edad reproductiva, desde los 14 a los 44 años, debería poder contar con los medios adecuados, desde el simple preservativo hasta la “píldora del día después”. En las regiones más pobres de nuestro país, la distribución debería ser gratuita e ir siempre acompañada de información clara y suficiente.

Estoy de acuerdo con quienes afirman que con el rechazo del Senado, el congreso perdió la ocasión de pasar una ley histórica, una ley que hubiese entrado a formar parte de los libros de historia que registran la evolución legal de nuestro país, evolución que, por tortuosa y lenta que sea, existe. Es más, se perdió la ocasión para fijar un precedente sobre todo para los restantes países latinoamericanos que siguen de cerca y estudian con detenimiento la marcha de la sociedad argentina. Si las cosas en lo que concierne el embarazo indeseado, el aborto inseguro y clandestino, la morbilidad y mortalidad maternas no están bien en Argentina, en otros países de la región están aún peor. Y la legalización en nuestro país hubiera supuesto un claro incentivo para que otros países hicieran lo suyo en esta materia y modernicen sus legislaciones.

En entradas anteriores ya discutí con detalle la dimensión estrictamente ética que tiene la cuestión del aborto. Allí analicé por qué creo que afirmar que “la persona empieza desde el momento de la concepción” es lisa y llanamente un acto de fe, muy parecido a sostener que “hace unos dos mil años una virgencita llamada María quedó embarazada sin haber tenido el mínimo contacto íntimo con un hombre” o creencias del estilo. Las respeto, las entiendo, pero no las comparto; y sobre todo me siento obligado a combatirlas cuando las iglesias las utilizan como el fundamento de una política concreta que luego afecta a millones de personas. Aquí quisiera cerrar señalando solamente dos aspectos que apuntan a las consecuencias prácticas, y no a los principios filosóficos del aborto:

  • En primer lugar, los países que han legalizado el aborto no han visto un incremento del número de interrupciones del embarazo, sino lo contrario: una disminución. Por más que parezca contradictorio, el aborto es un problema y un problema grave que afecta sobre todo a las sociedades prohibicionistas.
  • En segundo lugar, prohibir el aborto y cerrar los ojos a la realidad, no solo implica toda una tragedia para miles y miles de mujeres y familias (sobre todo, pobres), sino una onerosa carga para el Estado. Es cierto que el Estado al legalizar el aborto debe cubrir luego los costos de surgen de la nueva prestación que harán los hospitales públicos, pero con ello reduce a un mínimo los costos, mucho mayores, que año a año aparecen a raíz de las internaciones derivadas de las mujeres que han sufrido las consecuencias de un aborto clandestino mal practicado. Tomo solo una cifra del informe que recientemente lanzó el Guttmacher Institute: el costo anual del tratamiento postaborto en los países en vías de desarrollo asciende a 232 millones de dólares norteamericanos; en cambio, si esos países legalizaran el aborto, el costo sería de tan solo 20 millones de dólares.

Nota: el informe que acabo de mencionar, y que trata con rigor científico muchos aspectos sociales, además del económico, ha sido escrito por Sneha Barot y se titula “The Roadmap to Safe Abortion Worldwide”, Guttmacher Policy Review, 2018. Se puede descargar gratuitamente de la página web del instituto.

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La cuestión del aborto y el síndrome de Down

(1) No tengo dudas en afirmar que en principio (y aquí subrayo: en principio) la diversidad es una cosa buena. “Il mondo è bello perché è vario”, se dice en italiano.

Claro que la diversidad puede abarcar ámbitos muy distintos, desde la diversidad de especies (de plantas, de insectos, de vertebrados) hasta la diversidad de formas de vida, en el ámbito estrictamente humano.

Cuando subrayaba que solo en principio podemos afirmar que la diversidad es algo positivo, me refería a aspectos como este: el que haya desaparecido la esclavitud sobre la faz de la tierra (al menos, formalmente) es para mí algo moralmente encomiable, por más que con ello se haya vista reducida la diversidad cultural. El que haya en nuestro mundo dictadores, ladrones y asesinos no es algo que celebremos porque así se incrementa lo diverso de nuestro mundo.

En consecuencia, la máxima podría ser reformulada de esta manera: “En principio, la diversidad es una cosa buena, mientras las acciones y las formas de vida que la constituyen no sean moralmente reprobables.”

Ahora bien, la cuestión que hoy quiero tratar, una cuestión sumamente delicada, es la de si la discapacidad constituye una forma de diversidad que debamos aceptar, aprobar e incluso defender.

Quiero desde ya evitar que se me malentienda. Nuestro mundo, hoy por hoy, está lleno de seres humanos que podemos denominar “diversos” debido a distintos tipos de discapacidad, sean congénitas o no: tenemos ciegos de nacimiento, tenemos niños con síndrome de Down, tenemos ancianos que, debido a la edad, sufren diversos grados de demencia, tenemos adultos que a raíz de un accidente automovilístico han quedado lisiados de por vida, tenemos hombres y mujeres obesos que no entran en las butacas del cine ni en los asientos de los aviones, etc. ¿Qué debemos hacer acá como sociedad, esto es, como conjunto de sujetos morales? Dos cosas: en primer lugar, debemos procurar que nadie sea (ni se sienta) discriminado a causa de esa discapacidad/diversidad. Debemos, en otras palabras, crear una cultura de respeto, de tolerancia y de inclusión.

En segundo lugar, lo que debemos hacer como sociedad es buscar activamente medios para que esas personas, o bien puedan curarse y dejar atrás enteramente esa discapacidad, o bien puedan –cuando eso no sea alcanzable– vivir del modo más “normal” posible.

Pongo un ejemplo. Si mi vecino ha quedado inválido, confinado a una silla de ruedas, a causa de un accidente, mi primer deber como sociedad es respetar y aceptar su situación tal como es, permitiendo que se integre –o se reintegre– lo mejor posible a vida diaria. Por otro lado, como sociedad podemos y debemos hacer lo que esté a nuestro alcance para remediar esa situación, por ejemplo, contribuyendo al desarrollo de la medicina, la ortopédica, la biotecnología, etc. Porque, lo digo sin rodeos, creo que la mejor muestra de consideración moral que puedo brindar a mi vecino es el que como sociedad se le pueda ofrecer un tratamiento para que vuelva a caminar como antes, sin necesidad de silla de ruedas.

Resumo lo dicho hasta ahora: diversidad es un concepto muy amplio y hay que distinguir los distintos tipos de diversidad antes de afirmar sin más que son buenos. En lo que respecta al mundo humano, la diversidad que llamará “moral” es algo malo: prefiero un mundo menos diverso, pero sin dictadores, ladrones y asesinos. La diversidad de formas de vida, en cambio, es algo en principio positivo: la diversidad de intereses profesionales, la diversidad de orientaciones sexuales, la diversidad de opiniones políticas y religiosas, etc., enriquecen la cultura humana y expanden nuestras posibilidades de realización. Por último, la diversidad que proviene de una discapacidad, sea física o mental, sea innata o adquirida, sea transitoria o permanente, es algo que nos coloca ante una situación mucho más compleja. Por un lado, tenemos el deber de aceptar esa diversidad y de buscar integrar a esas personas “diversas” en el mundo social cotidiano (laboral, barrial, etc.); por otro lado, nos urge desarrollar nuestra ciencia y nuestra tecnología para que, si así lo desean, esas personas puedan lograr el goce pleno de las facultades físicas y mentales que consideramos “normales”.

(2) Hay personas que, digámoslo así, en su vida han tenido “la suerte” de no sufrir en carne propia ninguna discapacidad, ni siguiera pasajera. Esas personas, a veces, no saben lo que significa vivir con problemas físicos o mentales, y por consiguiente tienden a no darle la importancia debida al tema que estamos discutiendo. Por otro lado, hay personas que toda la vida han convivido con una o varias discapacidades, o en su familia hay un miembro discapacitado. Estas personas, por el contrario, tienden a veces a ser demasiado susceptibles a un análisis filosófico de las condiciones que enfrentan. Una que otra vez me he encontrado frente a un rechazo virulento a cualquier tratamiento racional del tema. Claro que la razón es comprensible: por más que nuestra sociedad se precie de proteger la diversidad, lo cierto es que sigue siendo muy difícil, aún en pleno siglo XXI, vivir como “diverso/discapacitado”.

Esto lo aclaro porque mi deseo no es herir la susceptibilidad de nadie, sino examinar adónde nos llevan nuestras intuiciones morales. Para ello, propongo el siguiente experimento mental. Imaginemos que un grupo de científicos y de médicos logra desarrollar una serie de procedimientos costosísimos pero efectivos para restituirles a todos los seres humanos la visión. Supongamos también que todos los gobiernos del mundo, a pesar del costo del tratamiento, aceptan una moción de la ONU para que se vuelva un servicio sanitario universal, público y gratuito. ¿Podría entonces oponerse alguien, diciendo que tal medida sería un atropello a la diversidad, ya que a partir de ese año no habría más no videntes en el mundo?

Personalmente, por más que acepto el hecho de que un no vidente pueda tener una vida interior y una existencia cotidiana tan o más rica que un ser humano común y corriente, me niego a creer que pueda rechazar la facultad de la visión si ese tratamiento se vuelve disponible, alegando una merma en la diversidad del mundo.

Quiero dar ahora una vuelta de tuerca más al asunto, para acercarme al tema que me ocupa, el del aborto y el síndrome de Down. De nuevo propongo un experimento mental para “testear” nuestras intuiciones morales.

Supongamos ahora que en un par de décadas, no mucho más, la genética y la medicina reproductiva van a haberse desarrollado tanto, que sea posible con una altísima probabilidad de éxito fecundar in vitro e implantar en el útero de una mujer cualquier óvulo disponible. Supongamos que nuestros conocimientos y métodos de análisis en genética se han expandido igualmente tanto, que sea posible a las pocas horas de fecundado un óvulo conocer con bastante certeza las posibles malformaciones congénitas, incluido el síndrome de Down, que acarreará el embrión y luego el feto. Ahora bien, una pareja que desea tener un hijo va a una de estas clínicas ultramodernas y en un breve tiempo tienen ya dos probetas listas, a y b. El único tema es que mientras que a contiene un óvulo fecundado que, tras todos los análisis, ha mostrado ser “normal”, b en cambio tiene un óvulo fecundado del cual, con gran probabilidad, nacerá un niño con síndrome Down. Supongamos que la pareja no quiera o no pueda tener dos niños y que tampoco desee someterse a un procedimiento aleatorio (tirar una monedita para ver cuál óvulo implantar). ¿Alguien puede decir sinceramente que si la pareja se decide por a está con ello cometiendo un atropello a la diversidad humana?

Esto lo digo porque en la discusión en torno a la legalización del aborto que se está llevando a cabo en Argentina en estas semanas, pero también en países como los Estados Unidos (en parte por la posición ultraconservadora que en estas cuestiones adoptó el presidente Donald Trump), un argumento que se esgrime es este: permitir el aborto es una forma de atentar contra la diversidad. Los sectores que representan los intereses de las personas con síndrome de Down y con otras malformaciones genéticas sostienen que el aborto se ha convertido en una manera de efectuar la eugenesia.

Veamos un poco. Sabemos que en Europa, el 90% de las embarazadas que descubren, gracias por ejemplo a la amniocentesis, que el feto presenta signos de alteración cromosómica, interrumpen el embarazo. En Estados Unidos, debido a que esta técnica diagnóstica no está cubierta siempre por las obras sociales, la cifra es algo menor, aunque sigue siendo elevada; se calcula que ronda entre el 75% y el 80%. La propuesta que se baraja en Argentina, entonces, es la de bajar el número de semanas dentro del cual podría llevarse a cabo un aborto, pasando de la semana 14 a la 12, para que entonces no sea posible realizar “a tiempo” la amniocentesis. (Aclaro que es peligroso realizar esta técnica durante las primeras semanas de embarazo, por eso las parejas la efectúan en el segundo trimestre; además, en los primeros tres meses no se dispone aún de la cantidad de líquido amniótico que sería necesario extraer.)

Pero esta última propuesta, para mí, solo puede interpretarse –en el caso argentino– como una búsqueda de compromiso para que finalmente se apruebe la ley “y luego se verá”. Porque lo cierto es que con ello ni se aborda el problema de fondo (cómo vamos a entender en términos filosóficos la incapacidad) ni tampoco se evita gran cosa, ya que ahora mismo se están desarrollando nuevas técnicas diagnósticas que no solamente son menos invasivas que la amniocentesis, sino que pueden ser llevadas a cabo en el primer trimestre del embarazo. (Con lo cual el escenario futuro que planteaba más arriba deja de ser un experimento mental peregrino.)

(3) Para concluir, mi posición respecto al tema del aborto y el síndrome de Down es la siguiente:

  • En primer lugar, como sociedad tenemos el deber de respetar y aceptar a todas las personas, posean un síndrome como el de Down o de otro tipo. Además, debemos procurar que esas personas lleven una existencia la más satisfactoria posible, ofreciéndoles educación especial, puestos de trabajo organizados según sus capacidades, inserción social, etc.
  • En segundo lugar, en el seno de una sociedad liberal, no es posible ni obligar a una mujer (o a una pareja) a tener un hijo con síndrome de Down si no lo quiere, como tampoco es posible coaccionarla a no tenerlo (la eugenesia forzada es algo inaceptable en nuestra cultura). En otros términos, si una pareja quiere, por los motivos que fuera, tener un hijo que probablemente o seguramente desarrollará el síndrome de Down, está en su derecho. Pero, por lo mismo, si una pareja ha descubierto que el embrión o, como es más bien el caso hasta ahora, el feto es portador de una malformación cromosómica, está también en su derecho de interrumpir el embarazo.
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Propuesta de legalización de la eutanasia en España

El bloque socialista español ha presentado hace unas semanas una ambiciosa propuesta para legalizar la práctica de la eutanasia activa voluntaria y el suicidio médicamente asistido. Si la moción prospera y el texto no sufre importantes alteraciones, España podría volverse el primer país mediterráneo en regular la asistencia a la muerte de los pacientes gravemente enfermos y sin perspectiva de mejoría que así lo deseen.

El documento lleva por título Proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia y consiste en una introducción en la que se exponen los motivos de la moción, seguida de la propuesta de la nueva ley que incluye no solamente la despenalización de la muerte voluntaria en pacientes terminales o gravemente enfermos, sino también una regulación precisa de la práctica eutanásica, de modo que esta pueda ser realizada en todo el territorio español en los centros de salud públicos y privados, como así también en el domicilio de aquellos pacientes que hayan optado por morir en sus casas.

Hasta no hace muchos años se distinguía con frecuencia entre, por un lado, la eutanasia activa y la pasiva, y la eutanasia directa e indirecta, por otro. El debate bioético, las transformaciones en el ámbito del ejercicio médico y, por último, el cambio cultural han hecho que estas distinciones perdieran relevancia. Así, lo que entonces se llamaba eutanasia pasiva ha pasado a englobarse dentro del principio que contempla el rechazo legítimo por parte del paciente a nuevos tratamientos o a los tratamientos ya iniciados cuando estos no curan al paciente sino que solo extienden la traumática fase final de vida, un principio contemplado en la mayoría de las legislaciones modernas. De la misma manera, ha dejado de hablarse de eutanasia toda vez que un determinado tratamiento tiene, como consecuencia indirecta de su aplicación, la muerte del paciente. Si el paciente está de acuerdo, es legal en España suministrarle por ejemplo un fármaco con la intención de aliviar sus dolores, aun cuando el resultado de esa medida puede ser la aceleración del fin del enfermo.

En otras palabras, para los legisladores socialistas españoles eutanasia es, esencialmente, la práctica que antes se caracterizaba como “eutanasia activa, directa y voluntaria”. De hecho, esta se define en el texto como “la acción por la que un profesional sanitario pone fin a la vida de un o una paciente de manera deliberada y a petición de éste o ésta, cuando se produce dentro de un contexto eutanásico por causa de enfermedad grave e incurable o discapacidad grave crónica causantes de sufrimiento intolerable”. (Personalmente, solo reemplazaría la expresión “dentro de un contexto eutanásico” por “en la fase final de vida” o “en situaciones médico-existenciales límite”.)

Es interesante notar que en la propuesta el término eutanasia aparece repetidamente y conlleva una connotación claramente positiva, la de contribuir a una buena muerte. (Señalo esto porque en otros países tienden a usarse eufemismos o expresiones sinónimas para evitar la palabra eutanasia, considerada como portadora de una valencia negativa.) No obstante, el término suicidio o, mejor, la expresión suicidio (médicamente) asistido, no aparece ni una sola vez, utilizándose circunloquios para describir la práctica de quitarse el enfermo la propia vida gracias a la asistencia farmacológica y sanitaria de su médico. (Un caso similar puede encontrarse en la ley aprobada en Colorado, Estados Unidos. Véase aquí mi comentario.)

Hay algunos factores que, según los legisladores, hacen posible –y necesaria– la legalización de la eutanasia en España. En primer lugar, la consolidación del principio ético-jurídico de la autonomía de la persona (y, en este contexto específico, de la autonomía del paciente). La libertad individual y la capacidad de elegir la manera de vivir y de morir son derechos esenciales en la sociedad moderna. En segundo lugar, el hecho de que otros países del mundo hayan legalizado el suicidio asistido (como, por ejemplo, Suiza y algunos estados norteamericanos), además de la eutanasia (Canadá, Colombia, Luxemburgo y, entre los pioneros, Holanda y Bélgica), sin que se verifiquen luego las “consecuencias desastrosas” o “inhumanas” que tanto vaticinan los sectores conservadores, todo eso sienta un precedente importante. La sociedad española es lo suficientemente madura como para dar un paso en esta dirección que, lejos de ser “un salto al vacío” o un “desliz en la pendiente resbaladiza”, es un avance por un terreno ya explorado. Por último, la motivación que más razonablemente se puede suponer en el médico que asiste a un paciente terminal en su decisión final es de tipo moral: el deseo de poner fin a una situación penosa, cumpliendo así el último deseo del moribundo.

Debido a que el texto de la propuesta de ley es lo suficientemente claro, no voy a hacer una exposición del contenido sino tan solo una mención a algunos aspectos que considero relevantes.

En el capítulo I se indican dos tipos de pacientes que pueden ser candidatos a la eutanasia: el enfermo grave e incurable, y el paciente que sufre una discapacidad grave crónica. Esta especificación es importante, porque con ello se deja fuera una cláusula presente en otras legislaciones, según la cual sólo podían solicitar la eutanasia aquellos pacientes con una perspectiva de vida igual o menor a los seis meses. Esta cláusula ha llevado a algunas situaciones desafortunadas, por ejemplo, a la de algunos enfermos de esclerosis lateral múltiple o con diversas discapacidades físicas que si bien se hallan en un estado penoso cuentan con una perspectiva de vida superior a los seis meses. (En efecto, con la biotecnología actual muchos de esos enfermos podrían ser tenidos en vida indefinidamente, prolongando así por años su agonía.)

Otro aspecto importante de la propuesta es que contempla la posibilidad de que se le realice la eutanasia a un paciente que se encuentre en una situación de incapacidad de hecho (por ejemplo, en estado vegetativo), toda vez que haya expresado previamente su voluntad en su testamento vital o en las directivas anticipadas de tratamiento (en el texto se prefiere el término instrucciones).

En el capítulo II se establece que pueden solicitar la eutanasia todos aquellos pacientes mayores de 18 años. A mi entender, este artículo podría ser revisado, ya que dejaría sin posibilidad de recurrir a la eutanasia a aquellos enfermos terminales menores de 18 años (y mayores de 12) que así lo deseen y que cuenten para ello con el consentimiento de los padres.

Me parece adecuado, asimismo, destacar la importancia que se da en la propuesta a la creación y el funcionamiento de las Comisiones de Control y Evaluación. Según el texto, se trataría de organismos regionales (uno por cada comunidad autónoma) cuyo fin sería asegurar el precisa ejecución de la práctica eutanásica, evitando así abusos de cualquier tipo. Por ejemplo, una función de tales comisiones sería la de dar el visto bueno definitivo a la prestación de la ayuda para morir cuando, tras la solicitud del paciente, tanto el médico responsable como el médico consultor estén de acuerdo.

De esta manera, el curso que debería seguirse sería aproximadamente este: una vez que el paciente solicita la ayuda para morir (en la modalidad de eutanasia o de suicidio asistido), su médico responsable deberá evaluar la petición con un médico consultor (hasta el momento ajeno al caso). Una vez pasados al menos quince días, el paciente deberá confirmar su voluntad, ratificando la solicitud. A partir de allí, deberá esperarse un nuevo plazo de quince días, en el cual la Comisión de Control y Evaluación, por medio de su presidente, deberá cerciorarse de que tanto la petición del interesado como el peritaje de los dos médicos sean conformes a la ley, dando así el visto bueno definitivo. Tras la ejecución del acto eutanásico, deberá presentarse dentro de los cinco días un informe a la Comisión, para la evaluación final y la confección de un registro correspondiente.

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Irlanda y Argentina: hacia la legalización del aborto voluntario

Aquí les copio el enlace a una columna que escribí los días pasados para el diario Diagonales. Es una reflexión tras la media sanción que recibió en nuestro país el proyecto de ley.

Editorial

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Arte callejero en Atenas

Cero cent-iment, pintura mural en la calle Eolo

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Aborto: falacias repetidas… pero ¿de quiénes?

Hoy voy a copiar e ir analizando paso a paso la editorial que apareció ayer (miércoles, 6 de junio de 2018) en el diario La Nación, que tenía por objeto destacar las “falacias repetidas” de quienes abogan (¿todos? ¿algunos?) por la legalización del aborto en Argentina. Anticipo ya la “moraleja” de mi texto: el que quiera reprobar a su contrincante por usar falacias, debe tener muy claros los conceptos que empleará y estar muy seguro acerca de la corrección de sus argumentos. Veamos.

Se atribuye al macabro Joseph Goebbels la expresión “miente, miente que algo quedará”. A sabiendas o por ignorancia se escucha repetir falsedades en materia de aborto que pecan de claro oportunismo ante la proximidad de la votación en el Congreso, que pone en juego el derecho a la vida.

¡Qué golpe bajísimo, innoble! Empezar con Goebbels y con esa cita, nada menos. ¿Esa es la manera de promover un debate maduro y respetuoso, señores?

Se sostiene falazmente, por ejemplo, que el aborto en caso de violación, siempre y desde muy antiguo, había sido permitido y practicado legalmente en la Argentina. No es cierto. El único caso de aborto legalmente permitido por un embarazo causado por violación es aquel practicado por un profesional diplomado, cuando la violación recae sobre lo que el Código Penal llamaba “mujer idiota o demente”, definición tan antigua como impropia al día de hoy, y en tal caso disponía que el consentimiento de la víctima de la violación fuera prestado previamente por su representante legal.

En este lugar no quiero hacer ningún comentario acerca de las interpretaciones posibles del Código Penal ni tampoco acerca de la historia “efectiva” del aborto en nuestro país. Sigamos porque lo que acá está en juego son los argumentos a favor o en contra de la legalización de esta práctica médica en un amplio grupo de casos.

Se afirma también que el protocolo dictado como consecuencia de la “interpretación” de la Corte Suprema de Justicia en el caso “FAL”, al que algunas provincias han adherido -fallo a favor de un aborto por violación en el caso de una adolescente no discapacitada-, implicaba una orden judicial que debía ser acatada por encima de cualquier decreto provincial que pudiera disponer otra cosa. Nuestro máximo tribunal solo puede pronunciarse y dictar fallos sobre casos concretos e individuales, careciendo sus sentencias del alcance general que se pretende imponer en un reiterado error. Disponer lo contrario, por vía de interpretación, “protocolo” o el eufemismo que quiera utilizarse viola el principio de separación de poderes pues, en tal caso, el Poder Judicial se estaría arrogando la facultad de dictar normas, cualquiera que sea el rango de estas, tarea reservada exclusivamente por nuestra Constitución al Poder Legislativo.

Es cierto que el Poder Judicial no tiene la facultad de dictar normas. Sin embargo, no es la primera vez en Argentina ni en ningún otro país occidental que una sentencia de la Justicia introduce un “quiebre” que luego desencadena un poceso de modificación del Código Penal (o Civil, según los casos) del país correspondiente. Por eso, aquí no hablamos de legalización, sino tan solo de despenalización, que -repito- en muchos ejemplos ha sido el paso previo al tratamiento del tema por los legisladores.

Permítaseme un ejemplo. En el caso de la eutanasia voluntaria y el suicidio asistido, caso que he estudiado con cierta profundidad, ha ocurrido varias veces lo mismo. Holanda fue el primer país del mundo en legalizar la eutanasia voluntaria, ley que entró en vigor en 2002, pero la Justicia holandesa había comenzado a despenalizar esta práctica a partir de 1973 (recuérdese el famoso caso Postma-van Boven).

Pretender imponer términos como “interrupción de embarazo” o “aborto seguro” encierra la intención de transmitir una idea disfrazada y edulcorada respecto de un procedimiento que no es inofensivo y que es falsamente desprovisto de riesgos y de secuelas. Como si se tratase de un mero trámite, ignorando que, en la práctica, resulta todo lo contrario.

La expresión “interrupción del embarazo” es sinónima de aborto y no veo que con ella pueda disfrazarse ni edulcorarse nada. “Aborto seguro”, en cambio, es una expresión acertada, porque la realidad argentina habla de la práctica cotidiana de abortos inseguros, clandestinos, ilegales.

En el debate, ha cobrado fuerza el argumento de que oponerse a la despenalización del aborto está ligado a una cuestión dogmática o religiosa de cada persona exclusivamente, tanto que se la asimiló incluso al divorcio. No deja de ser otro intento de negar las múltiples evidencias científicas sobre el comienzo de la vida desde la concepción, y de reducir una práctica claramente criminal a una cuestión de fe que pierde peso para quienes no la comparten.

Acá se mezclan varias cosas que conviene mantener separadas. La mayoría de las personas que yo conozco (voy a mi caso personal) que se oponen al aborto, lo hacen basándose (a veces, ciegamente) en la doctrina establecida por su religión. Debo decir también que me sorprende el número de personas religiosas que, por el contrario, tienen una mentalidad abierta y critican -e incluso se apartan- de la doctrina oficial de su fe.

La asimilación con el tema del divorcio no es casual, al menos en Argentina. Recuerdo la discusión que se daba en nuestro país a mediados de la década de 1980… Las similitudes entre uno y otro debate saltan a la vista.

Notemos que el párrafo que acabo de citar está compuesto de dos oraciones. No existe ningún lazo lógico entre la primera y la segunda. Por lo demás, ¿qué significa concretamente hablar de “las múltiples evidencias científicas sobre el comienzo de la vida desde la concepción”? En primer lugar, no se cita ninguna de esas múltiples evidencias. No hay ni siquiera una breve mención de ellas. En segundo lugar, no se definió previamente qué es vida. Para que la ciencia pruebe algo, necesitamos previamente delimitar nuestro concepto. Podríamos discutir largamente si el embrión que cuenta con unas semanas tiene “vida biológica” o “vida orgánica”, esto es, si es un organismo en el sentido generalmente usado por los biólogos. Pero eso no tienen nada que ver con otro punto, el decisivo: ese embrión no tienen “vida biográfica”.

Permítanme de nuevo una comparación con el ámbito bioético ligado al final de la vida: si un paciente hace diez años está en un estado vegetativo, mantenido artificialmente gracias a la acción de los profesionales de la salud y a los grandes progresos de la medicina contemporánea, ese enfermo está “vivo”, en un sentido muy elemental de lo que puede ser lo que llamé vida orgánica o vida biológica, pero no tiene una biografía, una vida biográfica o, si preferimos la expresión, una existencia humana.

Con todo, hasta ahora no salió a relucir el concepto principal del debate: el de persona. Porque la ciencia podrá probar o no que el embrión está vivo en tal o cual sentido que le demos en biología al término vida, pero el concepto de persona proviene de teorías jurídico-filosóficas. Y aquí nos estamos moviendo en un ámbito muy distinto. Lo voy a decir de manera muy clara: la ciencia puede probar si mi gato, después de haber sufrido un accidente, sigue vivo o no, y con qué secuelas, pero ¿cómo puede probar que es -o no es- persona? En tal caso, yo le debo dar al científico previamente mi concepción filosófica de la personalidad. ¿A qué vamos a llamar persona? ¿Qué atributos, reales y potenciales, debe contar tal o cual individuo, para que podamos luego asignarle el estatus jurídico-filosófico de persona -y con ello toda la lista de derechos, empezando por el derecho a la vida-?

La despenalización del aborto no puede asimilarse a una política de salud dado que el embarazo no es una enfermedad y el aborto no es su cura. Ningún supuesto plan de higiene y salud poblacional puede habilitar a los que no son felices a eliminar a los que consideran la causa de su infelicidad.

En el camino de estas construcciones falaces, muchas de ellas malintencionadas y propias de posiciones ideologizadas, se encuentra la insostenible afirmación de que en la Argentina se practican 500.000 abortos ilegales por año, con un saldo de 100 mujeres muertas en ese lapso. La realidad y las estadísticas se dan de bruces con esta reiterada mentira; cuando la vida está en juego, incluso, resultan inmorales. Por otra parte, está comprobado que la primera causa de muerte materna no es el aborto, sino la desnutrición, junto a otras como tuberculosis y mal de Chagas, que se relacionan con la pobreza y la falta de adecuada atención sanitaria.

De acuerdo: se maneja la cifra de 500.000 abortos por año en nuestro país sin que haya suficientes estudios que la avale. Pero para decir que aquí estamos en presencia de una “insostenible afirmación” es necesario contar con más y mejores datos. ¿Qué cifra maneja el o los autores de esta nota? ¿Y cómo llegaron a ella? Creo que todos debemos convenir en algo: es una vergüenza que en nuestro país no se cuente con estudios serios sobre el tema. Lo primero que se debería hacer es encargar a comisiones de científicos con el objetivo de llegar a una imagen lo más ajustada posible de la realidad en nuestra sociedad. Claro que si hablamos de abortos clandestinos, la cifra será imprecisa porque, ¿qué médico o qué paciente querrá admitir lo que hizo, cuando existe la posibilidad de ser llevado a la justicia? Pero, si la cifra final llegaría a ser la mitad, o sea, 250.000, me pregunto: ¿sería acaso menos escandalosa?

Por último, está la cifra de 60.000 mujeres que luego terminan en los hospitales porque el aborto, en esas condiciones precarias y clandestinas, salió mal, con consecuencias muchas veces terribles para esas miles de pacientes. Esta es una cifra incontrovertible, no mencionada en la nota.

Con el fin de alimentar tendencias en boga para sumar adeptos, se argumenta que las muertes de mujeres en abortos clandestinos constituyen femicidios indirectos, pasando por alto que en toda práctica abortiva, clandestina o legalizada, hay una víctima indefensa: la persona por nacer. No se puede imponer un criterio sobre otro, pues nada justifica que para defender una vida haya que cercenar otra. No podemos promover el dictado de leyes para erradicar la violencia contra la mujer y, al mismo tiempo, plantear la legalización de la peor de las violencias: la muerte de un inocente. Por otra parte, en un enorme contrasentido, la iniciativa #NiUnaMenos se inició a raíz del femicidio de Chiara Páez, una joven de 14 años embarazada que, por negarse a interrumpir su embarazo, murió a manos de su novio. Luego, paradójicamente, el movimiento se enrolaría también detrás de la despenalización del aborto.

De nuevo, se mezclan dos cosas muy distintas en este párrafo. Si el aborto se lleva a cabo por ejemplo en las primeras semanas, ¿de qué “inocente” estamos hablando? Ya dije que no es nada sencillo sostener que un embrión o incluso un feto que aún no ha terminado de desarrollar su sistema nervioso es un “inocente”, porque eso nos lleva primero a discutir qué vamos a entender por persona. Ya me extendí largamente sobre este tema en algunas entradas pasadas. Mi conclusión es que es incorrecto atribuir personalidad (en un sentido jurídico y filosófico) a un embrión (o sea, hasta la octava semana de embarazo) y es muy discutible en el caso del feto que aún no cuenta con un sistema nervioso desarrollado (o sea, hasta la 24.a semana).

El otro aspecto no les juega en contra a los defensores de la legalización del aborto, sino a favor. Lo central es la autonomía de la mujer. Si una mujer quiere abortar, debe poder hacerlo; si no quiere, debe ser respetada en su voluntad. Si hay una falacia aquí es esta: quienes se oponen a la legalización del aborto no están siempre a favor de la vida, y quienes abogan por su legalización no son seres insensibles que quieren practicar abortos a toda costa. Se trata de incorporar un derecho y será luego la mujer la que decida si hacer uso o no de tal posibilidad.

No menos tendencioso es insistir, contra las evidencias que la ciencia moderna y la tecnología confirman de manera indubitable, en que el embrión es solo una parte del cuerpo de la mujer, extirpable como una muela, y no un ser absolutamente diferente, que se gesta dentro del cuerpo al punto de tener incluso un ADN distinto. Se prefieren así los efectistas eslóganes ideológicos y políticos a las rigurosas comprobaciones científicas dada la dificultad para rebatirlas con seriedad.

Tampoco es posible que con inhumana liviandad se nieguen los traumáticos efectos físicos y sobre todo psicológicos que las prácticas abortivas tienen en las mujeres que, muchas veces forzadas por circunstancias indeseadas, han recurrido a ellas por falta de la debida contención y acompañamiento que hasta aquí como sociedad no hemos sabido brindarles de manera efectiva. ¿Por qué no aprobar una ley de asistencia a la mujer en conflicto con su embarazo?

Creo que mi posición respecto al primer párrafo está clara a esta altura. Y respecto al segundo, insisto: estar a favor de la legalización del aborto no implica pensar que los abortos son “pases mágicos” que van a remediar todos los males de nuestras mujeres y parejas. Es, ni más ni menos, introducir un derecho. Ni yo ni ningún otro defensor “razonable” de la legalización afirmamos que practicar un aborto es cosa para tomar a la ligera. Una cosa no excluye la otra: introducir el derecho al aborto debe ir de la mano de un paquete de medidas que incluyan, por ejemplo, la buena educación sexual, la puesta a disposición de métodos anticonceptivos, la asistencia a la mujer que quiere abortar y a la que no quiere abortar, etc.

Copio los últimos párrafos juntos debido a su brevedad:

No menos lamentable y preocupante resulta que los cinco proyectos en consideración propongan la interrupción de la gestación de bebes discapacitados o malformados, un retroceso de proporciones para una sociedad que se ufana de defender los derechos humanos y, en especial, los de los diferentes, pisoteando con esto precisamente los de los más desamparados.

Legitimar el aborto no nos hace progresistas, como muchos sostienen, sino que, por el contrario, nos hace retroceder peligrosamente como sociedad.

El doctor Jerôme Lejeune, padre de la genética moderna, se opuso al “racismo” de los sanos contra los enfermos y afirmó que “la calidad de una civilización se mide por el respeto que le profesa al más débil de sus miembros”.

En los próximos días, distintos proyectos que proponen una eventual reforma a nuestras leyes civiles, que incluso contraría el texto constitucional, se tratarán en el Congreso. Es importante en estas instancias que no se pretenda seguir confundiendo o engañando a la población con informaciones inexactas y tendenciosas. Es tiempo de llamar a las cosas por su nombre y de aceptar el desafío de cuidar las dos vidas, porque toda muerte es una tragedia.

La retórica de los últimos tres párrafos es deleznable, así que los pasaré por alto. Voy al primer párrafo, que plantea un punto importante. Las razones por las que una mujer o una pareja puede abortar, son diversas. Creo que en Argentina el caso más frecuente es el de los llamados “embarazos no deseados”, frutos de una relación sexual llevada sin las precauciones necesarias. En estos casos, la adolescente o la mujer quiere abortar porque un hijo (u otro hijo) implicaría un cambio radical de vida, un camino que no desea tomar (por ejemplo, una joven universitaria que aborta para no interrumpir los estudios). Pero también es parte de la libertad de una mujer o de la pareja el querer abortar si se constata que el embrión o el feto sufren importantes deformaciones o poseen una alteración cromosómica. Pero eso no quiere decir que no respetemos -que no debamos respetar y apoyar- a todos nuestros conciudadanos con malformaciones o con síndrome de Down. De nuevo aquí una cosa no excluye la otra. Por ejemplo, una pareja puede no querer tener un hijo más o puede no querer tener un hijo down, y ello no significa que no sean respetuosos de la diversidad. Atención, porque en esta breve editorial aparecen palabras sumamente cargadas: Goebbels, racismo… Decir que un amante de la libertad individual como yo o como miles de defensores de la legalización del aborto apoyemos la eugenesia es una aberración. ¡El liberalismo político está en las antípodas del totalitarismo nacionalsocialista!

Nota: este es el enlace a la editorial

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